La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición de Freidian Andrés Camejo Guillén, conocido como "Dady Yanki", de 30 años de edad. La orden responde a su presunta responsabilidad en el asesinato de una adolescente de 17 años identificada como Paola del Carmen Morales Marquina, crimen ocurrido el 22 de agosto de 2021 en Barquisimeto, estado Lara. La sentencia 492 del 22 de octubre autoriza los trámites internacionales necesarios para que Colombia entregue al sospechoso a las autoridades venezolanas.
Camejo Guillén fue localizado el 24 de julio de 2026 en Chipaque, Colombia, después de permanecer prófugo durante casi cinco años. Su captura fue notificada por la Oficina Central Nacional de Interpol en Bogotá, que además informó sobre una investigación en su contra por presunto hurto en territorio colombiano. El detenido había logrado evadir a las autoridades venezolanas durante todo este tiempo, cruzando la frontera antes de que se ejecutara la orden de aprehensión emitida en su contra.
Segun los registros judiciales, Paola del Carmen Morales Marquina recibió un disparo en la frente mientras se encontraba en el sector El Garabatal de Barquisimeto. El agresor presuntamente consumía bebidas alcohólicas en el lugar donde también residía. Testigos presenciales ubicaron a Camejo Guillén en la escena del crimen, lo que llevó a la Fiscalía 20 del estado Lara a solicitar una orden de aprehensión, que fue autorizada el 7 de octubre de 2021 por el Tribunal Primero de Control Estadal y Municipal.
La extradición se fundamenta en el delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, tipificado en el artículo 406 del Código Penal venezolano, que contempla penas entre 15 y 25 años de prisión. La condición de menor de edad de la víctima constituye una circunstancia agravante que será valorada durante el proceso penal. Los magistrados del TSJ examinaron las disposiciones del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición de 1911 y consideraron satisfechos todos los requisitos aplicables, asumiendo el compromiso de garantizar los derechos constitucionales del acusado.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
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